viernes, 17 de julio de 2015

Líbrame de la Prensa


El pasado domingo 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha establecida por las Naciones Unidas porque coincide con el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento que recogió los principios de la libertad de prensa en el mundo al reconocer la prensa libre, pluralista e independiente como un componente esencial de toda sociedad democrática. Así mismo, se reconoce la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en el Artículo 19 establece: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el de no ser perseguido a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Cada año se conmemora esta fecha para reconocer el trabajo de numerosos periodistas en todo el mundo que por convicción profesional ponen en peligro sus vidas, en el esfuerzo de informar al mundo de los sucesos, eventos y hechos más relevantes de nuestros tiempos. Es una convocatoria a reflexionar sobre la libertad de prensa y todo lo que está relacionado con el periodismo, el acceso a la información y la comunicación. Es también la oportunidad de atraer la atención pública e involucrar a la sociedad global en los conflictos y violaciones de derechos más graves que ocurren en el mundo.

En Ecuador, la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas coincidió con el lanzamiento del Informe Anual de la Libertad de Prensa del “Organismo No Gubernamental” Freedom House con sede en Washington D.C., cuya evaluación de la libertad de prensa en el mundo determinó que el Ecuador tiene una calificación de 58/100 lo cual lo establece como un país “parcialmente libre” junto a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Sin embargo, y pese a ser unilateral, para algunos analistas esta calificación trae consigo implicaciones sobre una tendencia hacia la supuesta disminución de derechos que ha vivido el país en años recientes y, sin pérdida de tiempo, se la aprovecha para justificar los reclamos de actores de oposición que sienten que se ha limitado su derecho a la libre expresión.

Aquí la médula del asunto: la calificación de Freedom House es intrascendente para nuestro país pues viene de una organización que carece de legitimidad alguna para emitir criterios sobre nuestra condición. En palabras del filósofo norteamericano Noam Chomsky, esta organización “responde a intereses neo-conservadores del partido Republicano estadounidense y del Senado que ha servido como brazo propagandístico de la CIA”. Entre sus socios se encuentran Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa del gobierno de George Bush; Paul Wolfowitz, también miembro del gabinete de Bush y expresidente del Banco Mundial. Es importante recordar que estos dos individuos no pueden pisar territorio europeo pues son considerados criminales de guerra y enfrentan juicios de lesa humanidad por su participación en la Guerra de Iraq.

Es más, países como Alemania, Suecia u Holanda, al igual que organizaciones como Human Rights Watch, han criticado innumerables veces a Freedom House en años recientes por su apoyo a elecciones supuestamente “democráticas” en países de claras violaciones a los derechos humanos, cuando los gobiernos ganadores son aliados de los Estados Unidos. También se ha cuestionado la metodología de los informes de Freedom House pues, curiosamente, omiten violaciones de derechos humanos y libertad de prensa en los Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Igualmente, despierta suspicacias el hecho de que alrededor del 80% de su financiamiento proviene del Departamento de Estado Norteamericano, a través de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en ingles).

Con todo ese antecedente, y a pesar de ser intrascendente el informe parcializado de esta organización, coincido con la calificación de que el Ecuador es parcialmente libre en términos de libertad de prensa: simplemente debemos remontarnos a la Declaración de Windhoek para corroborar aquello, en el sentido de que este documento menciona que para que la prensa sea libre debe ser “Plural e Independiente”. ¿Es acaso pluralista e independiente la prensa del Ecuador? No lo es ahora y no lo ha sido jamás. ¡Esa fue justamente la perpetua queja de Eugenio Espejo por el año 1792. Y al 2015 seguimos con el mismo debate pues no se ha resuelto aún uno de los más grandes problemas de nuestra democracia: la deficiencia absoluta del acceso a la información.

El sesgo con el que los medios privados se han empeñado en posicionar al Día de la Libertad de Prensa como un ámbito de su exclusiva propiedad, no es inocente. Existe, sin duda, la intención premeditada de erigir a esos emporios de la comunicación como los únicos beneficiarios del derecho a la libertad de expresión o como las más dolientes víctimas cuando la sociedad pretende legislar en el terreno de la comunicación.

No es nada nueva la intención de esos medios de construir la idea colectiva fija de que la libertad de prensa comienza y termina en ellos. ¿Con qué fin? Con el objetivo de anular al ciudadano como un sujeto que, asistido por el derecho de ser informado, de recibir información veraz, imparcial y objetiva, y de tener acceso libre a esa información, se convierta en el principal crítico del trabajo parcializado, perverso o mentiroso de la comunicación que esos medios pretendan ejercer para manipular a la opinión pública en beneficio de determinados intereses.

A lo largo de muchas décadas, varios medios privados –sí, privados porque hasta hace 8 años no existía prensa pública en el Ecuador- han atropellado el derecho ciudadano de acceder a información realmente veraz, contrastada y objetiva, debido a la condición misma de esos medios de comunicación que no han sido más que herramientas de manipulación de poderosos grupos económicos que, históricamente, han impuesto la prevalencia de sus intereses en los conflictos sociales, crisis y sucesos más relevantes del país. Esto no es nuevo, es paralelo al desarrollo del país y su inclusión en el mercado global. Así fue durante la revolución liberal, durante la revolución juliana, durante los velasquismos y tras el retorno a la democracia. Es cuestión de mirar atrás y ver cómo los medios de comunicación privados siempre han medido las circunstancias, antes de alinearse con aquellos actores sociales o políticos que tenían las mejores perspectivas de ganar en eventos claves de la historia ecuatoriana.

¿Dónde queda la parte de la libertad de prensa que le corresponde al ciudadano y que se refiere al derecho de recibir información imparcial sobre los sucesos que más le afectan? La prensa ha jugado un papel que no le competía: el de juez involucrado, inmiscuido en los asuntos nacionales como un actor político más. Ese papel de actor político ha confundido a innumerables comunicadores y periodistas que se han pretendido cronistas de la historia nacional, con una visión mezquina, insuflada de ego y carente de objetividad.

Es ese el marco en el que la libertad de expresión y la libertad de prensa deben ser comprendidas, reconocidas y respetadas.

Que la ONG Freedom House emita sus evaluaciones anuales no afecta en lo más mínimo a esta realidad nacional y mucho menos al hecho de que la hegemonía de los medios privados sobre el acceso de información no es una particularidad ecuatoriana, sino global. Manuel Castells, Noam Chomsky, James Petras, Naomi Klein, entre otros, han desarrollado extensas investigaciones al respecto. El hecho de que actualmente la prensa privada ecuatoriana juegue un rol declarado de opositor al gobierno tampoco es nuevo. Sin embargo, causa risa el ver cómo se frota las manos cuando recibe informes de este tipo que, supuestamente, confirman sus más radicales reclamos de una ficticia restricción a la libertad de expresión en el Ecuador y de una, por ende, falta de condiciones democráticas.

La miope visión de esos medios privados ecuatorianos, alterada por el desenfreno de su animadversión, hace que desnuden torpemente su condición de peones insertos en un entramado juego de intereses que supera nuestras fronteras nacionales y en el que sencillamente cumplen el papel de apalancar la manipulación de la información en función de consolidar intereses políticos de las más grandes potencias mundiales. Nada más y nada menos. En este pernicioso juego, los “respetables” actores políticos de la prensa se convierten en los empleados de la más baja calaña al servicio de un amo supranacional que no cree en la democracia, que desconoce a la sociedad civil y, sobre todo, que ignora al más importante componente de la libertad de prensa como es el acceso de la ciudadanía a la información.

En el Día de la Libertad de Prensa es pertinente decir con firmeza que mientras los grupos económicos y financieros más potentes del país tengan la última palabra sobre la difusión o no de la información hacia la sociedad, no habrá libertad de prensa en Ecuador y, lo más importante, se está atentando contra un valor fundamental de la democracia que es el de una ciudadanía informada y deliberante frente a la toma de decisiones.

No mas niseque


Una década después de la caída del presidente Lucio Gutiérrez, aún es posible ver las secuelas que dejó este convulso hecho de nuestra vida política. El impacto del 20 de abril de 2005 en la sociedad civil ecuatoriana y en los movimientos sociales tradicionales del país fue evidente y aquel triste episodio de nuestra historia ha marcado, sin duda, la realidad actual de varias organizaciones (incipientes o establecidas) en general.

El análisis conduce necesariamente a reconocer que la víctima mayor de toda la debacle del Gutierrato fue el movimiento indígena, un actor que -por cierto- no participó de las grandes movilizaciones del Abril Forajido pues, como si se tratara de una enfermedad catastrófica, su cercanía inicial con el coronel y su posterior alejamiento de ese régimen le causó atrofia orgánica y postración política. Tal fue el costo de sus andanzas con Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica diez años atrás, que la CONAIE, indudablemente la organización indígena más importante del país, y su brazo político Pachakutik, nunca lograron recuperar la relevancia que alguna vez tuvieron.

Sin embargo, lo más grave para el movimiento indígena es que este escenario de crisis en el que llevan ya 10 años está aún muy lejos de terminar y la tendencia a que empeore es inequívoca: a poco de cumplir 20 años de existencia organizativa, los dirigentes de Pachacutik son anfitriones de una reunión con Sociedad Patriótica (la misma que los dejó postrados hace 10 años), con CREO (el movimiento del banquero Guillermo Lasso) y con activistas políticos de todo corte a fin de discutir las posibles vías para un acuerdo programático de oposición a las enmiendas constitucionales que se tramitan en la Asamblea Nacional.

Para comprender el estado actual del movimiento indígena ecuatoriano es importante remontarse a la época de su mayor auge, su ruptura con el gobierno de Gutiérrez y la posterior crisis interna.

Pachakutik cumplía 8 años de existencia como brazo político de la CONAIE cuando, en una alianza electoral, participó en la campaña de Lucio Gutiérrez. Con el coronel ya en el poder, algunas de las figuras más prominentes de la organización ocuparon cargos importantes en el gabinete, pero diferencias ideológicas cada vez más profundas acabaron con esa alianza a fines del primer año de gobierno. Era claro que Gutiérrez había utilizado al movimiento indígena para demostrar ante el imaginario público un supuesto respaldo popular desde las organizaciones sociales que nunca existió.

El fraccionamiento vino en el 2003 con la advertencia del bloque legislativo de Pachakutik al coronel Gutiérrez de que si subía el precio del gas doméstico, el movimiento abandonaría el régimen. A eso se sumó la decisión de no apoyar la aprobación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que Sociedad Patriótica impulsaba en el Congreso. Los ministros de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Turismo, carteras entregadas a Pachacutik en el marco de la alianza, tuvieron que dejar sus cargos y la dirigencia anunciaba movilizaciones de protesta. Las decisiones de Gutiérrez eran cada vez más erráticas y marginó a los indígenas de la toma de decisiones para asumir, casi de inmediato, un posición contraria a las posturas de Pachakutik, de la CONAIE y del acuerdo político. Estando en el gobierno, la organización indígena no estaba en el poder.

Pachacutik se enfrenta entonces al dilema de seguir o no en un gobierno con dos o tres ministerios a su cargo pero desconectado de las decisiones políticas trascendentales. Sus ministros renuncian y sin el movimiento indígena Gutiérrez perdía el único sustento social que lo llevó al poder. Surge entonces un conflicto entre la dirigencia y las bases de Pachacutik: una tendencia indigenista en la ECUARUNARI instaba a la expulsión de los mestizos de la organización.

Algunos dirigentes optaron por aceptar las prebendas del poder a las que consideraban conquistas de lucha, pero otra facción reivindicaba a la movilización y la resistencia como sustentos de la organización y rechazaba los cálculos políticos para obtener cargos. Se empieza a notar que la CONAIE y Pachakutik tienen perspectivas políticas diferentes y esa diferencia se ahonda con el hecho de que Pachakutik participó en la alianza y en las subsiguientes elecciones con figuras ajenas al sector indígena. Primaron los intereses personales, la dirigencia indígena se había burocratizado y, ahora aburguesada, no quería soltar el poder. Hasta hoy, ECUARUNARI, la facción indígena de la sierra central, es la que impone candidatos a Pachakutik para la Asamblea Nacional.

Comienza entonces una suerte de depuración étnica como último recurso para evitar deserciones y traiciones como las que vivieron con la alianza. Ya habían sido expulsados Pablo Iturralde y Fernando Villavicencio por pretender armar facciones secesionistas al interior de movimiento. Quedaba expulsar a los mestizos que querían mayor protagonismo en la dirigencia. Los dirigentes de la sierra insistían que, como brazo político de la CONAIE, Pachakutik debía recuperar los elementos originales de su lucha histórica. Los mestizos fueron marginados y no tuvieron cabida en la dirección ejecutiva del movimiento. La consigna era rechazar cualquier acuerdo con otros sectores políticos. La organización indígena iría sola a las elecciones locales y nacionales.

Las movilizaciones contra el TLC y contra el contrato de explotación con la petrolera transnacional OXY se presentaron como oportunidades para reactivar a las bases tradicionales, pero un nuevo ciclo de elecciones se advenía para poner a prueba el nuevo contexto del movimiento y su estrategia de repliegue. La posibilidad de acordar un apoyo a la candidatura de Rafael Correa con Alianza País se frustró y Pachacutik lanzó como su candidato a Luis Macas. Los resultados de esa contienda fueron devastadores para la organización y dieron paso a una nueva fase de crisis que hasta el día de hoy Pachacutik no logra superar. El posterior reconocimiento del Estado Plurinacional en la Asamblea Constituyente de Montecristi, el de los derechos de la naturaleza y la    expulsión de la base norteamericana de Manta, entre otros, dejaron al movimiento huérfano de argumentos de oposición.

No obstante las claras diferencias de forma y fondo con el gobierno de Rafael Correa, se podía estimar que existiera alguna coincidencia con las organizaciones indígenas pero la realidad es muchas veces irónica y lo que no cabía en la mente de nadie se está cumpliendo: que los dirigentes de Pachacutik encuentren más elementos en común con la derecha recalcitrante, que con el modelo del actual proceso de Revolución Ciudadana. Por eso sorprende y ofende la reunión de hace pocos días entre la cúpula de Pachakutik con el banquero Guillermo Lasso y con Sociedad Patriótica de los hermanos Gilmar y Lucio Gutiérrez. Este desafortunado encuentro no tuvo otro fin que declarar un colectivo rechazo a las enmiendas a la Constitución que se tramitan en la Asamblea Nacional. Lejos de establecer acuerdos programáticos, fue acto simbólico que únicamente afectó más a la ya deslegitimada imagen de la organización indígena.

Es indudable el erróneo cálculo político de la dirigencia al reunirse con actores que fueron directa o indirectamente responsables de su infortunio. Para el ciudadano común es inexplicable que personas de posición ideológica adversa negocien la posibilidad de una “unidad” cualquiera y a cualquier costo. Al parecer, la dirigencia de Pachakutik considera irrelevante la razón de ser del movimiento y los argumentos que sustentan su lucha y resistencia, y que son el eje movilizador de las bases. No parece importarle la permanente lucha por despertar en la consciencia colectiva ciudadana una preocupación por lo étnico, por el sentido de identidad cultural y derechos colectivos. Al parecer trocó esa plataforma de lucha a cambio de lo inmediato: acercarse a un banquero asociado con los hechos más nefastos de la historia reciente, a un coronel “dictócrata” defenestrado, y a cuestionados activistas que han lucrado de cada episodio de inestabilidad nacional.

¿A qué atribuir esos errores? Quizá a la falta de dirección política e ideológica; a la falta de una vinculación orgánica con la coyuntura política nacional; o a la vanidosa necesidad de elevar el perfil público de algunos dirigentes. Sea como fuere, la conclusión es que se están sacrificando los valores intrínsecos del movimiento y con ello un memorable pasado de acción colectiva que ha marcado la historia ecuatoriana reciente en pos de la soberanía nacional, el reconocimiento de la interculturalidad y de una lucha enconada contra el neoliberalismo.


Este desliz no puede pasar desapercibido y no se trata de un error aislado, sino un desatino más dentro de una larga fila de malos cálculos, tropiezos y traiciones que no tienen explicación y, mucho menos, justificación. Una alianza con la derecha, la misma que tanto daño hizo a la organización, no solo sería perjudicial para la organización sino para todo el país que habrá perdido el único espacio de construcción de la plurinacionalidad, desde un enfoque de la lucha de clase. Será pues, un retroceso a los tiempos en que los indígenas estaban atrapados en condiciones de subordinación a los poderes fácticos de la oligarquía terrateniente, ni más, ni menos.

Por Mateo Izquierdo